Una alarmante denuncia ha sacudido el ámbito judicial en la región de Cordillera, apuntando directamente al Juez Augusto Acuña. Se le acusa supuestamente de operar como una herramienta al servicio de poderosos intereses políticos y económicos, apartándose drásticamente de su rol imparcial y dictando resoluciones que benefician a grandes corporaciones en detrimento de los sectores más vulnerables.
Juez Augusto Acuña El Caso Richford S.A., cuyo representante legal es el ciudadano francés Andy Louis Ilhan Jazmín, un Ejemplo de Parcialidad Judicial.
La polémica se centra en el proceso judicial que involucra a la firma Richford S.A., según las acusaciones, el Juez Acuña estaría fallando sistemáticamente a favor de esta empresa, que a su vez representa a influyentes inversionistas que se ocultan tras su figura jurídica. Se denuncia que estos inversionistas son, en la práctica, "los verdaderos jueces y partes" dentro del lucrativo negocio de la criptominería en la circunscripción de Cordillera.
¿Un Juez al Servicio del Poder Económico?
Las graves acusaciones sugieren que el Juez Acuña ha olvidado por completo su papel fundamental como garante de la justicia y contralor de los procesos, actuando con una flagrante parcialidad. Esta situación no solo socava la credibilidad del sistema judicial, sino que también pone en tela de juicio la equidad en los litigios que enfrentan a empresas de gran envergadura con ciudadanos o grupos con menos recursos. La comunidad espera una investigación exhaustiva que esclarezca estas denuncias y asegure la transparencia en los procesos judiciales relacionados con la criptominería en Cordillera.