La jueza penal de garantías de la Circunscripción Judicial de Cordillera, Silvia Carolina Cáceres Riveros, otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva al docente de 47 años imputado por el supuesto delito de abuso sexual contra una menor de 13 años, hija de su pareja sentimental, en un caso que ha conmocionado a la ciudad de Caacupé.
En el circulo jueza Silvia Carolina Cáceres
Según el acta de imputación presentada por la fiscal Noelia Montanía de Narvaja, el hecho ocurrió el 17 de junio de 2025, cuando el imputado, aprovechando su rol de confianza al llevar a la menor al colegio, habría desviado el trayecto hacia su domicilio, donde presuntamente la sometió a tocamientos indebidos.
La menor relató que el imputado la tocó en la panza y los senos, intentó besarla y le ofreció regalos, como un celular y tratamientos odontológicos, a cambio de favores sexuales desde marzo de 2025. Además, la víctima denunció un episodio similar en abril y afirmó haber sido amenazada por el imputado para guardar silencio, bajo la advertencia de que nadie le creería y que él era el sustento económico de la familia.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, que configuran un delito tipificado en el Artículo 135 del Código Penal, modificado por la Ley N° 6002/2017, la jueza Cáceres Riveros resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.
En su lugar, impuso medidas sustitutivas, incluyendo arresto domiciliario en un domicilio en San Lorenzo, prohibición de acercarse a la víctima o su familia, y una fianza personal de 40 millones de guaraníes, garantizada por dos fiadoras. La decisión se fundamentó en la presunción de inocencia, la falta de antecedentes penales del imputado y el arraigo familiar, argumentando que no existiría peligro de fuga ni obstrucción al proceso.
El caso, que sigue en etapa investigativa, ha puesto en el centro del debate la necesidad de revisar los criterios judiciales para la aplicación de medidas cautelares en delitos contra la integridad sexual de menores. La próxima audiencia está fijada para el 23 de junio, donde las fiadoras deberán aceptar las condiciones impuestas. Mientras tanto, la resolución de la jueza Cáceres Riveros continúa generando indignación y cuestionamientos sobre el equilibrio entre las garantías procesales del imputado y la protección de las víctimas en el sistema judicial paraguayo.