Lo que debía ser un bastión de conocimiento, hoy parece más bien un reino feudal donde el pensamiento crítico fue reemplazado por el miedo y el mérito académico por el monto del soborno. Así lo denuncian —de forma anónima por temor a represalias— estudiantes de la Filial Caacupé, quienes elevaron una carta al Consejo Directivo describiendo lo que llaman sin rodeos “el estado de putrefacción institucional” bajo la dirección de Ramón Ángel de la Cruz Martínez.
Según la denuncia, desde que Martínez tomó el timón académico, la filial ingresó en una era de oscurantismo y persecución política, donde los procesos electorales universitarios se transformaron en farsas grotescas. En lugar de urnas democráticas, dicen los estudiantes, se instaló un “régimen de terror institucional” en el que la voluntad estudiantil se manipula, se acalla o simplemente se aplasta.
Las voces disidentes, agregan, no son debatidas, sino eliminadas con precisión quirúrgica. Los grupos estudiantiles fueron perseguidos, sus líderes intimidados, y la libertad académica se volvió una anécdota. “La democracia universitaria —reza el texto— ha sido convertida en un cadáver putrefacto ultrajado por la ambición más ruin”.
Pero lo más grave llega después: la corrupción académica institucionalizada. Según el escrito, bajo la administración de Martínez se instaló un sistema organizado de extorsión y chantaje, donde el acceso al conocimiento dejó de ser un derecho y pasó a ser una mercancía. En palabras de los denunciantes, “el mérito académico fue reemplazado por la capacidad de soborno”, y las tesis se aprueban a punta de billetes.
Cada título, aseguran, lleva el sello invisible de la corrupción.
A ello se suma la parodia docente: profesores ausentes, libros firmados sin asistir, horarios ignorados con la misma naturalidad con que se respira. “La mediocridad ha sido elevada a política institucional”, sostienen los estudiantes. La postergación de la acreditación de la carrera, afirman, “no es un accidente, sino la consecuencia lógica de una gestión que convirtió la educación en un cascarón vacío”.
Y como si el guion necesitara más drama, aparece el nepotismo. Los denunciantes aseguran que los hijos del director, lejos de ser simples funcionarios, se comportan como “virreyes de un feudo académico personal”.
El hijo, dicen, funge como director o encargado de tesis; la hija, como docente de Medicina Forense. Designaciones que, según la nota, no responden a mérito alguno sino al “inapelable derecho de sangre”. Cada cargo, agregan, es “un latrocinio a la dignidad institucional”.
El relato se vuelve más sombrío al abordar el trato hacia los estudiantes, a quienes Martínez supuestamente reduce a simples cifras presupuestarias. “No somos mentes a cultivar —dicen—, sino cuerpos a disciplinar”. El documento habla de humillaciones, autoritarismo y parcialismo político, señalando que la filial se transformó en un búnker de propaganda, donde el pensamiento crítico no sobrevive y la neutralidad académica fue “descuartizada para servir a mezquinos intereses grupales”.
Los estudiantes exigen al Consejo Superior Universitario una investigación inmediata y la separación del cargo de Ramón Ángel de la Cruz Martínez mientras dure el proceso. Piden que cada acusación sea revisada con transparencia, que se publiquen los resultados y que haya sanciones ejemplares.
“Esto no es solo un problema administrativo —afirman—, es un atentado contra la esencia misma de la educación superior”.
Para coronar el retrato del “modelo de gestión”, los denunciantes mencionan que el propio director utiliza el predio de la filial como garage personal, donde guarda vehículos y chasis, “como si la universidad fuera una extensión de su domicilio”.
El documento cierra con un grito más que con una súplica: “Que esta denuncia sea el comienzo de la recuperación de la dignidad institucional.”